Derecho constitucional del Perú

La Interpelación es una práctica de control político legítimamente democrática dentro de un Estado social y democrático de derecho.

El término Interpelación proviene del latín interpellare que significa dirigir la palabra a alguien para pedir algo. Cabanellas nos ilustra que en el Derecho Civil y Procesal es el requerimiento que se hace a alguien para que pague la deuda pendiente, lleve a efecto alguna obligación, cumpla un mandato o responda la verdad sobre la pregunta. En el Derecho Canónigo se reconoce como una admonición o solemne advertencia que luego de convertido y bautizado, y antes de pasar a segundas nupcias con persona distinta, dirige un cónyuge al otro, por si este quiere seguir cohabitando pacíficamente y sin ofensa para la religión católica. En el Derecho Parlamentario es un mecanismo de control esencialmente político que hacen uso los congresistas para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, quienes deben rendir cuenta de su gestión, del ejercicio de sus atribuciones o el desarrollo de las políticas públicas de su sector.

Los efectos de aplicación de la Interpelación se relacionan con la forma del régimen político. Por ejemplo, en España y Francia las respuestas que da el ministro de Estado, en caso que no satisfaga a los parlamentarios interpelantes, puede devenir en una moción de censura, y por consiguiente, la inmediata renuncia del interpelado. En países como en Suecia, la Interpelación es sólo un medio de información, sin mayor repercusión, incluso puede no ser contestada.

En el Perú, la Interpelación es una institución de naturaleza política que permite determinar el grado de responsabilidad política del Presidente del Consejo de Ministros o del ministro de Estado, individual. Desde las constituciones de 1860, 1920,1933 y 1979, la Interpelación es una forma eficaz de control político que utilizó democráticamente la Cámara de Diputados (Constitución de 1979), pero con muy serias limitaciones, el unicameral Congreso de la República (Constitución de 1993).

Actualmente, en el Perú está normada en el art. 131° de la Constitución de 1993 y en el art. 83° del Reglamento del Congreso, con jerarquía de ley. Su procedimiento, exige que la Moción se formule por escrito y con la firma de no menos del quince por ciento del número legal de congresistas, adjuntando un Pliego Interpelatorio. Para admitirla se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles, votación que se efectúa independientemente en la siguiente sesión. El Congreso señalará día y hora para que los ministros contesten la Interpelación.

La Interpelación puede concluir con el voto de censura y rechazo a la cuestión de confianza cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso, entonces el interpelante presenta una moción de censura suscrita por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas, y su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Censurado el Presidente del Consejo de Ministros debe renuncia todo el Gabinete, o censurado el ministro interpelado debe de inmediato renunciar. La cuestión de confianza sólo es planteada por iniciativa ministerial.

Fundamentalmente el ejercicio de la Interpelación es un derecho de la minoría opositora. Sin embargo hay escenarios en que una mayoría parlamentaria opositora la utiliza para objetar la gestión política oficialista. En principio éste mecanismo es saludable porque permite transparentar la cosa pública, identificar los errores o la carencia de ética del gobernante. Hay que suponer de buena fe que las interpelaciones contribuyen a encontrar puntos comunes de concordia en el esfuerzo colectivos de hacer un trabajo común superando las diferencias partidarias. Un Estado constitucional no se arredra ante el cuestionamiento interpelante del adversario político que cumple con su rol fiscalizador. Sólo el abuso de este derecho que convierte al Congreso en un carpa circense la desacredita restándole legitimidad a la democracia.

De modo que no hay que temer a la Interpelación, pues su ejercicio probo y de buena fe contribuyen a generar una cultura democrática. 

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio sino una prerrogativa que tiene su antecedente más remoto, primero en Grecia, luego en Roma. Kelsen lo encuentra en la Edad Media, y Dugüit afirma que en el Bill 0f Right de 1689 del constitucionalismo inglés aparece como derecho objetivo. En el Perú se establece por vez primera en el Art. 59 de la Constitución de 1823.

¿ Por qué es necesaria esta longeva institución jurídico universal del derecho parlamentario ? Ciertamente para construir un Estado de derecho. El Poder Legislativo podrá ser un órgano eficiente en su rol fiscalizador y productor de buenas leyes en la medida en que los parlamentarios se encuentren protegidos contra detenciones y procesos judiciales por incurrir en delitos comunes que puedan privar de su libertad personal. La inmunidad es una garantía procesal penal de carácter político que protege al Poder Legislativo del abuso de otros poderes del Estado, pero igualmente protege al congresista de amenazas y denuncias con evidentes motivaciones política que pretendan el arresto y el proceso judicial.

Al lado de la inmunidad, la Constitución le reconoce al legislador la inviolabilidad de votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones como mandatario.

La finalidad de ambos es el de salvaguardar el principio de la separación de poderes, el control político de los demás poderes del Estado y la transparencia en la gestión pública.
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La prerrogativa de la inmunidad parlamentaria hace posible no sólo la construcción de un Estado de derecho, sino además, su permanencia. Cuando los pueblos pugnan por la defensa de sus derechos fundamentales, el mejor instrumento en su lid es la prerrogativa de la inmunidad que asegure la capacidad de trabajo y funcionamiento del Congreso, su independencia a través de la protección individual de quienes lo integran. Sólo bajo ese contexto, se podrá racionalizar y limitar los desbordes y amenazas de un Poder Político arbitrario y agresivo.

Dentro de un Estado de derecho la inmunidad parlamentaria se perfecciona y desarrolla. Sin embargo es un obstáculo, cual piedra en el zapato, en un Estado autoritario o totalitario. Pues el control político, la generación de leyes que resuelvan los problemas sociales, la defensa impertérrita de los derechos humanos, y particularmente la lucha contra la corrupción, no será posible sin inmunidad que proteja la vida y la libertad del legislador, y consecuentemente, la de sus representados.

Es cierto que el parlamentario peruano, en algunos casos, ha desnaturalizado la prerrogativa de la inmunidad. Su irresponsabilidad e inmadurez, sobre todo, su ignorancia histórica, lo ha conducido a asumir conductas que vulneran este derecho parlamentario: calumnian, desacatan los acuerdos de su partido, cambian fácilmente de organización política, incurren en delitos comunes y de función. Confunden inmunidad con impunidad. Estas son consecuencias de una clase política que debe ser educada. Y sin duda esto es parte de la responsabilidad de los partidos políticos, los cuales no sólo deben capacitar a sus cuadros, sino además, decidir mejor sus planchas parlamentarias.