Derecho constitucional del Perú

La célebre reforma universitaria se define como la expresión revolucionaria de una nueva generación contra el autocrático y decadente sistema universitario, reflejo de una realidad político-social dependiente de fuerzas económicas y financieras que explotan y usufructúan los recursos de los pueblos de América Latina. Esta insurgencia juvenil que nace en la segunda década del siglo XX en las aulas de la Universidad de Córdoba (Argentina) se transformó en un movimiento continental que trascendió los predios de la universidad para convertirse más tarde en organizaciones democráticas y populares. Su plataforma renovadora abordó nítidamente dos frentes: interno y externo.

Primero, promovió con firmeza la democratización del gobierno de la universidad mediante la participación estudiantil en sus órganos de decisión y la elección de sus autoridades, la gratuidad de la enseñanza, su autonomía, cátedra libre y paralela, la investigación científica y la reforma de los métodos de enseñanza, el derecho de tacha, el concurso de cátedras, realización de seminarios, pasaje universitario, exclaustración de la cultura o extensión universitaria. Segundo, planteó la democratización del sistema político, decidida lucha contra la opresión imperialista y la unidad de los pueblos de América Latina.

Los regímenes políticos dictatoriales fueron sus más poderosos enemigos: el cuartel intolerante y cerril marchó sobre la cátedra libertaria y pluralista. De ahí que la Reforma Universitaria es un largo proceso que aún no concluye. Si bien es cierto que el contexto social no es el mismo, pues la ciencia y la tecnología del siglo XXI se ha globalizado para aproximar a los pueblos más recónditos atrapándolos en una cultura extraña que se renueva cada día; y que al mismo tiempo profundiza brechas de carácter económico, social, étnico y de innovaciones lentas, es la época de la ciencia de la información, de propiedad intangible, producto de la investigación científica cada vez más compleja. Definitivamente el poder es conocimiento. Ese poder no lo tenemos. Somos consumidores residuales de tercera calidad y, paradójicamente, dependientes excluidos.

Lo más grave de este nuevo escenario es que la clase política interna no comprende que todo desarrollo pasa necesariamente por el puente de la educación. Pareciera que existe solo un egoísmo mezquino que impide tomar conciencia de un deber vital. Mas no es así. Todo indica que es una estrategia deliberadamente fría para mantener estacionario a un pueblo analfabeto, literal, funcional y virtual, que solo existe para ofrecer una mano de obra barata, concepciones político-económicas tribales y canibalescas, volátiles improvisadores sin plan ni contenido. Es necesario decir que la universidad peruana, parte de ese poliedro social, es un mero instrumento de esa perversidad cuya única razón de entender es la pugna histórica por el usufructo de los abundantes recursos humanos, fáunicos, hídricos, energéticos, forestales, climatológicos. Esa extraordinaria biodiversidad está en juego. Y las poderosas corporaciones y su clase política lo saben.

Por eso tenemos universidades franciscanas sin capacidad ni medios para la investigación científica, docentes con un sueldo misérrimo que no le alcanza para adquirir una computadora con internet o suscribirse en una revista especializada, pues a duras penas puede comprar un diario a la semana. La medianía de nuestros profesores y estudiantes no es voluntad propia: es el sistema y su legalismo obsoleto los que impiden el acceso a la sociedad de la información. Es necesaria una profunda reforma universitaria con una filosofía y plataforma de programa acorde con los nuevos tiempos que transforme una universidad poltrona en dinámica y progresista. Huelga decir que es responsabilidad del Estado, la dirigencia política y de toda la ciudadanía iniciar una profunda reorganización del sistema educativo. El actual gobierno lo ha planteado a pesar de la incomprensión obcecada o los intereses subalternos de ciertos grupos defensores a ultranza del statu quo.

Es urgente una nueva Ley Universitaria, y dentro de ella, reformar la Asamblea Nacional de Rectores convertida en un club aristocrático que ni siquiera absuelve consultas que le formulan profesores que cuestionan la ilegalidad delictuosa cometida por algunas autoridades de universidades públicas. Revisar la concepción rentista de ciertas universidades privadas que creen que la educación es la mina de oro, útil para el lucro desvirtuando la calidad de servicio. Más control a la función del rector, amo y señor de la ley, que la discute pero no la ejecuta; y cuando la aplica, no le importa el ordenamiento jurídico. Sin duda, la tarea es ardua. Pero hay que seguir avanzando.