Derecho constitucional del Perú

Hasta el 5 de abril de 1992, la ciudadanía de la región de Lima provincias ejerció el derecho fundamental del sufragio y a participar en la vida política eligiendo a 9 diputados en representación de más de 500 mil electores que poblaban las provincias de Barranca, Canta, Cajatambo, Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí, Oyón y Yauyos, de acuerdo con la Constitución de 1979. El malhadado golpe de Estado de Fujimori canceló arbitraria y abusivamente estos legítimos derechos, discriminación que injustamente se conserva para beneficio de algunos avivatos de nuestra política criolla que no dudan en aprovecharse de esta violación a los derechos humanos para calcular que por esa región pueden satisfacer sus oportunistas apetitos electorales.

Hoy en día se mantiene esta inicua discriminación que perjudica aproximadamente a 700 mil electores que carecen de representantes en uno de los más importantes poderes del Estado: El Congreso de la República. Eso explica el silencio sepulcral respecto a los múltiples problemas que afectan a esta región: subempleo y desempleo, altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil, extrema pobreza, analfabetismo, pesquero y portuario, minero y medio ambiente, agrario, financiero, industrial, etc. No hay quien solicite o demande solución a sus dramáticos problemas. Una rápida revisión del Diario de Debates del Congreso de la República desde 1995 a la fecha, no aparece Lima provincias. Simplemente no existe en el mapa político peruano.

El Art. 90° de la Constitución de 1993 que crea la Cámara Unica y toda su parafernalia normativa del Distrito Electoral Unico, eliminó el derecho a la representación política de la entonces jurisdicción electoral de Lima provincias. Las modificatorias a la Constitución de 1993, y la nueva ley electoral que formula el Sistema Electoral Múltiple, no corrigen esta injusticia, no obstante que le reconoce a cada departamento su derecho a elegir, pero a Lima provincias no la toma en cuenta al considerar a Lima como un todo, privilegiándola con un mayor número de representantes capitalinos. Y dicho sea de paso, para satisfacción de un clientelaje electorero y su manejo concentrador y centralista de cierta clase política limeñizada hasta los tuétanos.

Sin duda, la descentralización es un largo y sacrificado proceso que requiere de un diagnóstico objetivo de la realidad social, políticas públicas integradoras y armónicas, diálogo intenso que conjugue propuestas, buena voluntad y firmeza de decisión de sus actores. La teleología de la descentralización no es sino la equidad ciudadana de derechos y obligaciones. Pero con las nueve provincias que distan a sólo una hora de Lima metropolitana, hay una simulada ignorancia, es decir, una sistemática postergación que linda con la mezquindad y las calculadas ambiciones de algunas cúpulas políticas que ven en esta feraz región el refugio de sus fracasos electoreros por una curul o la presidencia de la región, prebenda en plato de plata para el amigote, el compadre o al dadivoso inversor.

Urgentemente hay que resolver la incongruencia ominosa entre la existencia de un gobierno regional sin representación política en el Congreso de la República. Las nueve provincias que rodean a Lima capital tienen derecho a una auténtica y legítima representación política que no sólo sea depositaria de la voluntad del pueblo regional sino que ejerza plenamente las atribuciones legislativas, fiscalizadoras y de intermediación política, que las normas constitucionales le otorgan, tal como otras regiones eligen soberanamente a sus genuinos representantes. Creo que la agenda política que elabora la Coordinadora Regional y la Comisión Nacional de Descentralización deben promover el debate sobre este tema, con la participación del gobierno regional, alcaldes, partidos políticos, gremios sindicales, colegios profesionales e instituciones sociales, en la búsqueda de un consenso que se traduzca en una propuesta de ley para su aprobación en el Congreso de la República.

A este respecto, justo es decir, que el Presidente de la República, anunció la presentación de un proyecto de ley creando el Distrito Electoral de Lima Provincias. Igualmente, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, a mediados del 2007, en un foro huaúochirano realizado en el Congreso de la República, explicó la preocupación del Gobierno central para resolver esta injusta discriminación, así como algunos congresistas han presentado sendos proyectos de ley que modifica ál Artículo 21° de la Ley N° 26858, Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, ¿qué esperamos ?

Restituyamos los derechos cívicos y morales a los pueblos de Lima provincias reconociéndoles su capacidad para elegir una genuina y legítima representación y participaciáoacute;n en la vida del Estado, y consecuentemente, se habrá dado un contundente golpe a la ñimeñización áe la política, cuyas variables ideológicas y fáctiúas se escurren en supuestas políticas públicas que fracasan por excluyentes y concentradoras.

Lima, 19 de setiembre de 2002


Doctor

Carlos Ferrero Costa

Presidente del Congreso de la República
Presente


Haciéndole llegar mi más cordial saludo, la presente tiene como objeto expresarle mi absoluto y total rechazo al acuerdo del Congreso de la República negándose a convocar a una Asamblea Constituyente y a consultar al pueblo del Perú, si los miembros del Congreso Ordinario que usted preside, tienen facultades para darle al país una nueva Constitución Política.

Bien sabe usted, señor Presidente, que de acuerdo con la doctrina, el constitucionalismo y los principios del derecho constitucional, sólo el pueblo tiene poder constituyente expresado bajo la forma de una Asamblea Constituyente para discutir y elaborar una nueva Carta Política. El Poder Legislativo que reside en el actual Congreso Ordinario, sólo tiene atribuciones de un Poder Constituido Derivado, es decir, tiene facultades para reformar parcialmente la Constitución, dar leyes y fiscalizar a las autoridades públicas.

Una Constitución Política, como el nuestro, es un todo unitario, lex scripta, sistema de normas supremas y últimas, consciente decisión de conjunto sobre modo y forma de unidad política que proviene de un Acto Constituyente del titular del Poder Constituyente Originario, es decir, del pueblo. Ese Poder Constituyente del pueblo representa una voluntad superior a todo procedimiento estatuido que no puede ser confundido con la competencia legal que le autoriza el Poder Constituido de un Congreso Ordinario para la reforma parcial de algunas de las normas constitucionales. Esa competencia legal establecida en el Poder Constituido Derivado no posee el carácter de Poder Constituyente, porque, está limitada y regulada a diferencia del Poder Constituyente que no está ligado a ninguna forma positiva, porque es libre, autónomo, tal como lo afirman los maestros Recasens Siches, Sagüés, Sánchez Agesta, Sánchez Viamonte, entre otros ilustres estudiosos del derecho.

La Asamblea Constituyente depositaria del Poder Constituyente, cuyo titular es el pueblo, es cualitativamente distinto de un Poder Legislativo o Congreso Ordinario, constitucionalmente previsto, porque mientras la primera puede tomar la decisión de dar una nueva Constitución, el segundo, sólo puede reformarla; la primera puede afectar el todo, el segundo, modificar la parte.

La Constitución Política surge del Acto Constituyente ejercido por el pueblo en una Asamblea Constituyente, mas no del Acto Legislativo de un Congreso Ordinario, como el que usted preside, usurpando facultades que no le corresponde y por lo tanto, violentando el derecho constitucional. Ese acto usurpador, señor Presidente, lo coloca a usted y a los Congresistas que votaron en la línea de su pensamiento político, a espaldas del pueblo.

La reforma constitucional se puede realizar por simple vía legislativa que la propia Constitución establece, pero no la modificación de la Constitución como una totalidad. Hay que distinguir la ley constitucional de la Constitución Política. Y lo que su Congreso Ordinario se ha propuesto es dar una nueva Constitución, desnaturalizando sus atribuciones, y lo que es más patético, sujetarse a lo establecido por la Constitución del 93, producto del fraude y de la violencia, abandonando todo principio de dignidad y de ética.

Me pregunto, al igual como se interroga el país ¿por qué señor Presidente ? ¿ por qué abjura de los principios que sustentan el derecho constitucional ? O es que acaso puede más el pecuniario cálculo político, o la vileza de una mezquindad política que los obliga a optar por el pedestre relumbrón de un Congreso Ordinario que teme ser relevado por la conducta histórica de los representantes del pueblo de una Asamblea Constituyente.

La historia habrá de ajustar cuentas contra usted y esos villanos 68 votos que han hecho trizas el destino del Perú. Sobre la conciencia prevaleció la consigna. Se han sacrificado los principios de los próceres y fundadores de la República por el oportunismo obscurantista de un golpismo de nuevo cuño que funge de demócrata según la música electoral que se toque.

Le informo a usted que en el I Congreso sobre la Constitución Política del Perú, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los días 21 al 23 de agosto del presente año, se acordó por unanimidad, lo siguiente: 1- Se convoque a una Asamblea Constituyente para que delibere y apruebe una nueva Carta Política; 2- Derogar la Constitución Política de 1993; y 3- Restablecer la Constitución Política de 1979. Este evento académico contó con la asistencia de los más ilustres hombres del derecho del país quienes al margen de posiciones políticas partidarias, explicaron y sustentaron dichos acuerdos como la legítima manera de reivindicar la dignidad del pueblo peruano, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 307- de la Constitución Política de 1979 que precisa "Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia".

Restablecer la Constitución de 1979 de Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Andrés Townsend Ezcurra, Ramiro Prialé, Luis Bedoya Reyes, Roberto Ramirez del Villar, Héctor Cornejo Chavez, Jorge del Prado, Javier Diez Canseco, Isidoro Gamarra, Carlos Malpica, Saturnino Paredes, Alfonso Ramos Alva, Hugo Blanco, entre otros, es un deber ético y político que se debe realizar. No hacerlo, no sólo es desviarse del destino histórico de nuestros pueblos sino traicionar su pasado, presente y porvenir.

Al Perú no le queda otra alternativa que plantear un Referéndum, para decirle NO a la estafa política de intentar que aprobemos las llamadas "modificaciones" constitucionales hechas por el Congreso Ordinario; para tal efecto debemos organizarnos formando los COMITES DEL NO, tomando como ejemplo aquellos que se instituyeron para reprobar la Constitución del 93. Ese NO, significará rechazar la Constitución de este Congreso Ordinario y defender la vigencia integral de la Constitución de 1979.

Señor Presidente, ojalá usted y lo integrantes de su Congreso se rectifiquen y retornen por el camino del Estado de Derecho y de la democracia social, pero si así no fuere, el pueblo los castigará por vuestra soberbia y atrevimiento.

Atentamente,


Walter Robles Rosales
Profesor de Derecho Constitucional de la
Facultad de Derecho y Ciencia Política
de la UNFV y ex Diputado de la Nación.