Derecho constitucional del Perú

La universidad es un centro superior de estudios, que tiene como fin la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, la investigación científica y tecnológica, tal como reza el Art. 18° de la Constitución.

Por cierto que, esencialmente la universidad es cultura reflexiva y crítica en un espacio de libertad creativa para cuestionar el orden establecido, releer su historia, estudiar su presente y anticipar prospectivamente su futuro. Sólo con libertad puede conquistar la verdad. “La verdad os hará libres” sentencia bíblica correcta que pareciera estar en el frontis de toda universidad comprometida con la innovación y el desarrollo. Pero para cumplir con esta finalidad, ella requiere gozar de autonomía, de acuerdo con el párrafo in fine del Art. 18° de la Constitución.

Esa autonomía es inherente a la universidad y se ejerce dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Su violación es sancionable, precisan los Arts. 5 y 4° de la L.U., N° 23733. El principio de la autonomía es condición esencial en la vida de la universidad, porque sin él no puede existir, se anula, se agota y muere. Esa autonomía no es dádiva del Estado, sólo debe reconocerla. Si el gobierno, sea cual fuere, pretende someterla bajo la férula de sus intereses creando oligarquías internas, le habrá inoculado el germen de su propia destrucción. Sólo será una forma difusa sin contenido. Y la innovación creativa y la posibilidad de desarrollo serán una mera aspiración en el círculo cerrado del oscurantismo. El prof. mexicano Hernández Ramírez, nos dice que el fundamento último del derecho a la autonomía universitaria no es otro que la dignidad de la persona humana, porque trata de preservar y garantizar la libertad de docentes y estudiantes.

Jurídicamente la autonomía es una forma de descentralización que corresponde a ciertas instituciones públicas. Determinadas facultades de decisión se trasladan a otra autoridad de menor jerarquía y competencia. De ahí que la autonomía universitaria permite a la institución elegir y designar a sus propios gobernantes, realizar concursos y promociones de cátedras, adquirir infraestructura de acuerdo con sus necesidades, sin consulta a un organismo superior, así como elaborar y aprobar sus propios estatutos y reglamentos, sin que se excedan del parámetro de la ley que los regula.

Sin embargo, hay autoridades universitarias que creen que autonomía significa soberanía o extraterritorialidad. El primer concepto corresponde al Estado, y el segundo al Derecho Internacional Público. Confunden autonomía con impunidad, y que a su sacrosanto solio no llega la ley, y que por tanto, sus actos administrativos no pueden convertirse en actos jurisdiccionales tipificadas como faltas o delitos. Reglamentan la ley en función de inconfesables intereses pecuniarios o electoralistas que facilita doctorados y decanaturas fraudulentas. Y que por ejemplo, los Informes de Contraloría que precisan irregularidades, los cuales tienen el carácter de prueba preconstituida, no es con ellos, se zurran en el entorno de ilicitudes en que se desplazan. Consideran no fiscalizables el manejo del presupuesto asignado para sus gastos así como sus actos de gobierno. Un rector no le rinde cuenta ni al Congreso, ni al Sistema Nacional de Control, ni al Ministerio Público, ni al Poder Judicial, ni siquiera a la Asamblea Nacional de Rectores, que funciona como un club de amigos y de protección mutua.

Esta calidad de rector, que hace escarnio de la ética de la función pública, suele silenciar a sus críticos bajo dos modalidades: administrativamente, siembra inasistencias para descontarles sus remuneraciones, los suspende sin goce de haber; y académicamente, les arrebata sus cátedras de especialidad para que los estudiantes los tachen. Finalmente, los expulsa en un manipulado procedimiento administrativo cuyas conclusiones ya se conocen. Pero esta autoridad no es sola, sino que cuenta con el apoyo de una red de áulicos que defienden la prebenda. Y algunos politicastros y jueces se ponen a su enteriza disposición. Todo esto tiene un nombre: Corrupción.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, (2001), corrupción viene del latín corruptio. En su cuarta acepción se refiere a aquellas organizaciones, especialmente las públicas, como la práctica constante en la utilización de funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole. Corromper es alterar o trastocar la forma de algo. Sobre la base de la corrupción descansan todas las organizaciones criminales cuyos actos afectan el conjunto social, deslegitima el sistema, desacredita instituciones, erosiona la moral cívica y distorsiona las políticas públicas. Por consiguiente, es tiempo de evaluar y aplicar medidas preventivas, sancionadoras y educativas que rectifiquen la arbitrariedad, promoviendo valores como el de la honradez, solidaridad, probidad, respeto a los códigos de ética de la profesión.

En España, donde la universidad defiende el principio de la autonomía, no hay reparos en abordar la corrupción que se da en algunas de ellas. La ciudadanía ha decidido incluirla en el debate público. En setiembre de 2002, se realizó en Madrid, el I Congreso sobre la corrupción y acoso en la universidad pública. En octubre de 2006, el II, y ahora, los días 17, 18 y 19 de octubre se llevará a cabo el III Congreso, en los cuales se evaluará la relación de la universidad con los poderes fácticos, la conducta agresiva de rectores que mediante artilugios pretenden eludir los sistemas de control, y detener la represión y persecución contra quienes los critican o denuncian.

De modo que, la corrupción enquistada en muchas de las universidades peruanas, merece un tratamiento serio y objetivo. Tenemos 33 universidades públicas y 42 privadas. De seguro nos habremos de encontrar con ingratas sorpresas. Me pregunto si la Comisión de Fiscalización del Congreso se atreve a abrir la caja de Pandora. O es que el ciudadano que tributa no tiene derecho a conocer los vicios que allí se producen. Porque, algo hiede feo.