Derecho constitucional del Perú

Uno de los más importantes objetivos de toda sociedad democrática es, sin duda, el desarrollo humano. ¿Pero qué es el desarrollo humano? Este es un concepto acertadamente expresado desde 1998 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), definiéndolo como el proceso de expansión de las capacidades y derechos dentro de un marco de igualdad de oportunidades en el cual todas las personas progresen en libertad. Así pues el Desarrollo Humano (DH) es un proceso permanente en el que al progresar una persona al mismo tiempo deben progresar todas.

Para que se dé el DH es necesario un Estado social y democrático de derecho donde se fomente la igualdad de oportunidades y en donde la libertad sea fundamental para que la personas decidan su vida y su destino, sin ataduras ni cortapisas que la constriñan. Vale decir, el desarrollo humano al trascender el progresismo individual alcanza al colectivo social.

Muchas veces se confunde el desarrollo humano con sus índices los cuales son sus componentes como la educación, la salud, los ingresos, etc. El desarrollo humano busca que las personas tengan mejor educación, un trabajo digno, mejor calidad de vida, una mayor esperanza de vida, una vejez decorosa. Y para ello se requiere no sólo crecimiento económico, sino también justicia social, vale decir, productividad pero con equidad,

Cierto que esta es una gran aspiración, pero no es una utopía. Y la prueba la ofrecen aquellos pueblos que con sacrificio, una clase política inteligente y responsable, con calidad de estadistas han construido en sus sociedades, un contexto de satisfacción de las necesidades básicas del ser humano y han logrado bienestar. A diferencia de la propuesta marxista, el desarrollo humano no considera al ser humano como un medio o instrumento de producción sino como un fin en sí mismo. En consecuencia se requiere expandir la capacidad humana de la persona y del colectivo para que en un contexto de libertad democrática, éste pueda decidir el modo de vida que considere valioso y tener un desempeño acorde como persona humana.

Desde esta perspectiva, en el Perú, el gran desafío que tenemos es el de derrotar a la pobreza y a la pobreza extrema y sus gravísimas secuelas: desigualdad, analfabetismo, alta tasa de mortalidad infantil, remuneraciones bajas, salud precarizada, inseguridad ciudadana, entre otras. Las cifras sobre cada uno de estos sectores, son deprimentes. Por ejemplo, la pobreza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2006, llegaba al 44, 5%, y la pobreza extrema, al 16, 1%, siendo la sierra rural la más afectada. Asimismo, el Indice del Desarrollo Humano (IDH) que es un indicador aceptado internacionalmente, cuya propuesta es el de introducir un indicador resumen con tres componentes: la extensión de la vida (o la esperanza de vida), el logro educativo (la tasa alfabetizada de adultos y la tasa de escolaridad de la población), y el del acceso a recursos, han graficado los niveles de progreso social por regiones, por departamentos y por distritos.

Es cierto que al lado de los poderes ejecutivo y judicial, el Parlamento o Poder Legislativo es uno de los tres más importantes poderes de Estado. Es la institución que sustenta la existencia de un Estado democrático, consecuentemente, su inexistencia define un Estado totalitario o de dictadura.

Reconociendo su cardinal significado, algunos autócratas exhiben su presencia para alardear la voluntad democrática de su régimen ante la opinión pública internacional, cuando es evidente su funcionamiento genuflexo y anodino.

En el Poder Legislativo se aprueban las leyes, se fiscaliza a la autoridad o se intermedia en la solución de problemas sociales. Stuar Mill decía que un Parlamento es “el Congreso de todas las opiniones de la Nación”, reconociéndolo como el más auténtico y valedero depositario de la soberanía popular.

En las sociedades democráticas el Poder Legislativo reside en el Congreso, Asamblea Nacional o Parlamento. Es el espacio donde las discrepancias de las diferentes vertientes partidarias políticas se toleran, aceptan y se superan dándole la formalidad de ley. Sin embargo, los reclamos y pedidos muchas veces no satisfechas van erosionando su legitimidad. Casi nunca tiene la simpatía ciudadana, máxime si sus “honorables” integrantes figuretean mediáticamente.

Es en este contexto que para preservar o recuperar legitimidad, los gobiernos adoptan mecanismos que lo oxigenan y le renuevan vida como la renovación por tercios o por mitad del total de sus miembros. Sólo por poner algunos ejemplos, el Congreso de Nación de Argentina, que es bicameral, se renueva por mitades; el Senado Federal de Brasil se renueva por tercio; el Senado de la República de Chile se renueva por mitad.

Estimo que para el caso peruano, donde tenemos un Congreso unicameral, que cada día pierde legitimidad, es criticado sin piedad y sus miembros tienen una imagen deteriorada, muy a pesar de algunos que sí son trabajadores y eficientes, mientras que la generalidad clamorosamente carece de cultura democrática, de valores cívicos, y que han asumido su papel de congresistas como si fueran imponentes gamonales de hacienda, cual matarifes de la ética o mermeleros de los grupos de poder; este tipo de depredador, que en el Perú recibe el remoquete de “otorongo” convierte al Congreso en una entidad que la ciudadanía lo percibe como superfluo e inservible. Aquí se hace necesario su revaloración, y esta puede ser la renovación por tercios, cada dos años y medio, pero que al mismo tiempo implique una definitoria revocatoria que sancione o castigue con la no ratificación de su curul. Entonces, esa renovación podrá funcionar como un mecanismo de control y de fiscalización respecto de la eficiencia del congresista. De esta manera el congresista inútil no será ratificado dando paso a un nuevo congresista que sabe que sobre su conducta hay miles de ojos de ciudadanos que lo vigilan y luego, en su momento, habrán de juzgarlo.

En suma, en principio estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo para renovar el Congreso, pero con dos observaciones fundamentales: la primera, que esta renovación debe ser del tercio y no por mitades; y en segundo lugar, que la propuesta tenga alcance revocatorio. En suma, hay que saludar esta importante propuesta, pero hay que perfeccionarla y precisarla. Y para eso, se debe dar su pronto debate porque el país requiere un Parlamento accesible, con más contacto directo entre los representantes y los ciudadanos, con más participación ciudadana en los procesos legislativos, más transparente en la difusión de sus actividades. Es decir, un Parlamento más eficaz, dinámico y ético.

A propósito del golpe de Estado en la República de Honduras, donde los militares con la aprobación del Congreso de la República, el Poder Judicial de ese país de América Central, se ha puesto en el tapete del debate de la opinión pública en América Latina sobre el hecho político que conocemos como “golpe de Estado”.

En primer lugar qué es un golpe de Estado. Veamos, el Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Julio Casares de la Real Academia Española. Editorial Gustavo Gile. Barcelona, 1985) nos dice que es una “Medida grave y violenta de uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro”.

El Diccionario de Uso Español (de María Moliner, A.G., Editorial Gredos S,A., Madrid, 1997), nos dice que el Golpe de Estado es una “Acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un país, algunos de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejercito”

El Diccionario Anaya de la Lengua dice que es “Usurpación del poder por parte de un grupo”.

El Diccionario de la Real Academia Española, preceptúa que el golpe de Estado es una “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”.

El constitucionalista argentino Bidart Campos en su Lecciones Elementales de Política (p. 451, Editorial Grigley, Lima, 2002) sostiene que “El golpe de Estado se detiene y localiza en un mero cambio del elenco gobernante; es también violento, pero no cambia al régimen en sí mismo, sino destituye a los titulares del poder y los reemplaza por otros”.

Lo cierto es que el golpe de Estado o gobierno de facto, es la captura del poder político de una manera ilegal, violenta y repentina por parte de un grupo de poder, quebrantando la legalidad institucional y la legitimidad de la voluntad popular El golpe de Estado siempre es realizado por un grupo minoritario organizado, con un objetivo, provocado intencionalmente, sustituyendo autoridades o generando un cambio del régimen político, suspendiéndose las garantías constitucionales y poniendo a su servicio los demás poderes del Estado y los medios de comunicación.

El golpe de Estado que ha derrocado a Manuel Zelaya ha sido condenada por casi todos los países de América Latina. La Organización de los Estado Americanos (OEA), ha acordado aplicarle el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana sancionando al país centroamericano con la suspensión. Lo negativo es que la OEA ha perdido credibilidad, pues históricamente siempre han convalidado los golpes de Estado

Creo que la posición principista de todo ciudadano democrático y todo grupo político que se precie de democrático es el de condenar todo golpe de Estado, aún cuando estamos informados que Manuel Zelaya, pretendiendo seguir la ruta política del presidente venezolano Chávez, tenía la ambición de instaurar un régimen de gobierno autócrata, vía un referéndum y una asamblea constituyente, que le conceda poderes para gobernar monocráticamente, poniendo a su servicio el Congreso, el Poder Judicial, y por supuesto, los medios de comunicación, los cuales se dediquen solo a lanzar aleluyas a todas sus acciones.

El sábado 27 de junio se publicó en el diario oficial de “El Peruano” la R.S. que crea la “MESA DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS DE EXTREMA POBREZA” para atender las demandas de las comunidades campesinas de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, y elaborar un Plan de Desarrollo Integral para estas zonas. Esta Mesa se instalará el 31 de junio, y estará constituida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, otros dos de los ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Energía y Minas y de Transporte y Comunicaciones. También estará integrado por los presidentes de los tres gobiernos regionales aludidos, seis alcaldes, uno provincial, y otro distrital por cada uno de los departamentos, más nueve representantes de las comunidades campesinas.

En principio me parece correcto la constitución de este espacio de diálogo donde se habrán de ventilar las diferentes y variables demandas de las comunidades campesinas de las regiones de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica. Es cierto que de alguna manera esa R.S. recoge nuestra propuesta formulada a través de Radio Latina el 23 de junio, pero sólo en parte. Nosotros hemos planteado que esa MESA que yo llamó MESA DE DIÁLOGO NACIONAL debe tener atribuciones de alcance nacional, porque los problemas no sólo son de las tres regiones mencionadas sino de gran parte de las regiones del Perú, entre las cuales deben estar incluidas, por ejemplo Puno, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, Ancash y Lima Provincias. Ésta última por la extrema pobreza de sus provincias serranas como Cajatambo, Oyón, Canta, Huarochirí, las quebradas y serranías de Huaura, Huaral y Cañete. Además, por razones estratégicas de interés y seguridad nacional nacional. Me refiero a sus carreteras de penetración que van de la costa, cruza la sierra andina y llega al oriente peruano, como alternativa a la carretera central. Considero además, que Lima Provincias, como despensa y proveedora del mercado limeño debe ser el “anillo de oro”, es decir, la zona de riqueza y de la abundancia que rodee a la capital limeña, asegurando su provisión de alimentos y energía. No olvidemos que la energía eléctrica que alumbra las calles y los hogares limeños tienen su origen en las zonas altas de Canta y Huarochirí.

Entonces, el gobierno tiene que tener no solo soluciones que tengan como fuente de origen la propia población involucrada, sino una visión estratégicamente global, que integre a los pueblos y sientan que participan en la solución de los mismos. De modo que estimo que el mejor espacio puede ser esta MESA DE DIÁLOGO NACIONAL, que no sería una institución paralela al Congreso, sino que le va a dar legitimidad a los proyecto de ley, donde incluso los propios congresistas serían protagonistas en el quehacer de la ley.

Desde hace un buen tiempo en el Perú se habla de reformas. Políticos y la sociedad civil de todas las vertientes están de acuerdo que es urgente y necesaria hacer la reforma del Estado. Y para eso, un 22 de julio de 2002, los representantes de los partidos políticos, la iglesia, dirigentes de los gremios sindicales, entre otras organizaciones de la sociedad civil, se pusieron de acuerdo después de un largo debate y firmaron lo que se denominó el ACUERDO NACIONAL consignando 31 políticas de Estado y de gobernabilidad, en materia de reforma del Estado, como de salud, educación, medio ambiente, agropecuario, seguridad nacional, etc. que deberían orientar a los gobernantes del Perú hasta el año 2021, fecha en que se habrá de conmemorar el Segundo Centenario de nuestra Independencia.

Hoy, junio de 2009, hemos comprobado que ese Acuerdo Nacional nació muerto. Sus propios actores lo han desconocido. Es decir, no solo las instituciones que lo suscribieron, sino una gran parte de la ciudadanía como las comunidades nativas del oriente peruano y la población campesina y urbana de Cerro de Pasco, Andahuaylas y del Cusco, que han salido a tomar la ciudad, carreteras, aeropuertos, con el aliento abierto de reconocidos sectores de la variopinta ultraizquierda roja, derrotada en las elecciones del 2006, y sin norte político en la escena nacional, que ve ahora la oportunidad de quebrantar el orden jurídico, desestabilizar el sistema, y subirse a la ola de la protesta, y arribar al puerto del poder.

Sin duda, gran parte de las peticiones que motivan la protesta, son justas. Pero la desconfianza es histórica ante tantas promesas incumplidas por diferentes gobiernos que hicieron de la palabra instrumento de mentira y demagogia. Un gobierno renovador como el de Alan García necesitó tener en cuenta estos elementos para asegurar su gestión de modernización. Ahora, ante la trágica realidad, por supuesto que son muchos los que tienen que asumir su responsabilidad: quienes por no haber resuelto a tiempo los problemas o no contribuir a resolverlos, y quienes, por extremar sus peticiones agrediendo los derechos que tienen los demás ciudadanos de transitar libremente o que se le respete sus bienes particulares.

El llamado Acuerdo Nacional hoy es letra muerta. Sólo sirvió para la foto. Ni siquiera fue útil como pacto de no agresión, que tal parece fue el verdadera motivo para arribar a lo que llamaron pomposamente Acuerdo Nacional. Hoy ante los hechos, debemos convenir que sus propios autores la han quebrantado al no llevar a cabo esos acuerdos. Ha faltado previsión, decisión, resolución, coraje para concretar aquellos brillantes acuerdos con los cuales el Estado peruano ingresaría a una etapa de modernidad, es decir, de inclusión ciudadana con todos los derechos de bienestar a los cuales aspira el hombre peruano.

La noticia del día es que el gobierno ha conciliado con los representantes de los pueblos amazónicos, comprometiéndose a derogar los DL y abandonar los actos de fuerza por ambas partes. Hay quienes llaman a esto “marcha atrás” o abandono de toda autoridad. Titulares de algunos diarios consideran que este acto es humillante para el gobierno. Lo cierto es que quienes ven abandonadas sus expectativas de subversión y de caos una vez más se hunden en la frustración. Los halcones y los buitres de la política no encontraran la pilada de cadáveres sobre los cuales encebarse. Ellos, el extremo izquierdoso que busca la subversión a toda costa para llegar al poder, y el extremo derechoso, que busca imponer a sangre y fuego sus políticas.

Esto me hace recordar a Jorge Basadre cuando describe a nuestra clase política. El insigne historiador ve tres grandes enemigos de la promesa de la vida peruana: Los podridos, los Congelados y los Incendiarios. Los podridos que prostituyen las palabras, los conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus intereses y apasionamientos. Los Congelados, encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los Incendiarios se queman sin iluminar, se agitan sin construir. Los Podridos han hecho todo lo posible para que este país sea una charca. Los Congelados lo ven como un páramo. Y los Incendiarios quisieran prender explosivos y verter veneno para que surja una gigantesca fogata. El Perú no puede ser ni charca, ni páramo ni una gigantesca fogata.

Ciertamente, la protesta, la cólera y el dolor del pueblo amazónico debe motivar una profunda y serena reflexión, no sólo para la clase política sino para todos los sectores ciudadanos del país: empresarios, campesinos, intelectuales, obreros, y trabajadores en general. Caso contrario, nos puede consumir el odio y la confrontación con resultados impredecibles de atraso y anarquía. Y las conclusiones pueden ser las siguientes:

1. Las políticas de Estado y de gobierno deben ser inclusivas. Es decir, las políticas públicas que diseña el gobernante deben promover la participación efectiva de los involucrados. Esa participación debe ser real concretándose a través de consultas, diálogo permanente y compromiso responsable en la materialización de los acuerdos los mismos que se muestren en leyes y políticas de desarrollo y de biencomún.

2. Promover la construcción de una ciudadanía activa. El concepto de ciudadanía implica reconocer que todos somos iguales ante la ley, con derechos que reclamar y deberes que cumplir en el hecho de que somos parte de la sociedad y del Estado. Reconocer que en el “otro” hay algo en común que nos une y nos debe integrar Ciudadanía significa igualdad social, jurídica y humana. La construcción de esa ciudadanía requiere políticas que deben promover la oportunidad a todos la ciudadanía de acceder a niveles decorosos de educación, salud, vivienda. Por ejemplo, el sistema educativo peruano siempre ha sido fuente de discriminación que se puede resumir en la irracionalidad de quien tiene plata puede educarse en mejores colegios y en mejores universidades; quien no tiene dinero está condenado a un destino de mediocridad, consecuentemente de una ciudadanía de segunda y tercera clase. Entonces la política educativa del Estado es excluyente porque cuando se le asigna sólo el 6% del Presupuesto se está promoviendo el atraso cultural, la cerrazón mental y escasez de valores civiles.

Creo que ningún peruano sensato puede sentirse alegre de la tragedia acontecida en el Oriente peruano: la cantidad de muertos y heridos, civiles y policías; la destrucción de locales pertenecientes a instituciones privadas y del Estado, como el Juzgado, el Gobierno Regional y local, las comisarías, el PRONAA, etc. son una muestra de la protesta de un pueblo que desconfía y rechaza a sus autoridades en las políticas públicas que se planeó llevar a cabo para el desarrollo regional de la amazonía.

En política hay un viejo dicho que dice: “en política no hay sorpresas, sólo hay sorprendidos”. En efecto, el conflicto desencadenado en el pueblo oriental, se veía venir desde hace un año. Y el Ejecutivo fue alertado por voces serias de la disconformidad de las comunidades nativas, pero no se adoptaron medidas razonables que desmontaran aquellos preparativos violentistas que alentaban abiertamente sectores radicalizados.

La extrema pobreza, el analfabetismo, la precaria salud y el desempleo expresados en grado sumo en la selva peruana, cuyos autores de esta expoliación han sido y son las poderosas empresas transnacionales aliados con gobiernos entreguistas, que Haya de la Torre, el lúcido revolucionario indoaméricano denunció oportunamente en su “Antiimperialismo y el APRA”. La impune depredación de la riqueza que contiene sus tierras arrebatadas históricamente sin recibir nada a cambio, son los viejos problemas que el gobierno del Presidente García ha encontrado, y son ahora el caldo de cultivo para cualquier político demagogo e incendiario que en su ascenso al poder le importa poco el cerro de cadáveres sobre los cuales tendría que tramontar.

El resultado luctuoso de muertos debe ser una herida en el corazón del Perú. Es el triunfo pírrico de los halcones y buitres que suelen alimentarse y cebarse de cadáveres. Los extremos angurrientos quieren más muertos, lo acaecido es poco, se quiere más sangre, más viudas, más hijos sin padres, más llanto. La tolerancia, la sensatez y el diálogo han perdido una eventual batalla. Y veo que aún se alienta la rebelión. Por allí se está acordando una huelga indefinida. Y por allí se espera agazapado para tomar los caminos y los puentes como paso previo para agudizar las contradicciones y acceder violentamente al poder. Los incapaces en convencer al pueblo para que éste les otorgue su voto democrático, sonríen complacientes en la creencia que llegó la hora de capturar el poder para imponer un vetusto modelo de política que en otras latitudes ha fracasado.

La pregunta obligada es qué hacer frente a esta situación de presunta confusión. Yo creo que es hora de que se reanude el diálogo. Que se sienten en una mesa los actores y discutan sus puntos de vista. Pero para dialogar hay que tener voluntad de hacerlo, y hay que estar dispuesto a aceptar errores, de un lado como del otro. Todo en la experiencia humana es perfectible, siempre se puede mejorar. La perfección absoluta no existe. Por lo pronto, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico, han manifestado su deseo de contribuir a este diálogo. Entre hombres sensatos y razonables puede hacerse la luz. No creo que las tinieblas del odio cainita nos ganen la buena voluntad.

Por lo pronto la decisión de los comuneros nativo de acudir al Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, para que resuelve el pedido de declarar la inconstitucionalidad de los D. Leg. es una salida acertada. Así, se sabrá a ciencia cierta si estas normas violan la Constitución o la respetan. Nuestros magistrados, expertos en Derecho Constitucional tienen la palabra autorizada para decirle al país si los decretos legislativos promulgados por el gobierno, son o no, constitucionales. Y a partir de ahí, se puede ver que es lo que se puede derogar, rectificar o mejorar. Esta será la mejor referencia jurídica para aclarar confusiones y enrumbar conductas.

No olvidemos que en el fondo de este escenario político la pregunta es cómo salir del subdesarrollo regional, cómo aprovechar la enorme riqueza que contienen las entrañas de la selva amazonense; cómo el Estado peruano puede explotar eficientemente su flora, su fauna, sus recursos energéticos Por que sin duda, el Perú necesita petróleo, gas, minerales y maderas para incrementar los niveles de exportación y consumo interno, generar recursos para que sean invertidos en proyectos de desarrollo de la selva, de la sierra y de la costa. De modo que creo que en el propósito de contenido estamos de acuerdo, los yerros han sido en la forma. Entonces, ampliemos la presencia y voz de los actores. No olvidemos que el Estado somos todos: pueblo, gobierno, territorio y soberanía. El pueblo de los comuneros nativos tiene mucho que decir. Y el gobierno tendrá la oportunidad de explicar en detalle cómo se van a llevar a cabo las políticas de Estado ¿ Acaso, no cree usted amigo que me escucha, que debatiendo ideas sobre el tapete, algo satisfactorio puede darse? Yo creo que sí. Entonces, bajemos los decibeles de la grita y pongámonos a dialogar en los mejores términos.

Hoy día, martes 14 de abril, inauguramos el espacio radial “CONSTRUYENDO CIUDADANÍA”, alentados en primer lugar, gracias a la permanente invitación de mi amigo Henry Marcos, conocido y experimentado periodista de la provincia; y también gracias a los amigos, a muchos de los cuales conozco y a otros que no tengo la buena fortuna de conocerlos, sino por intermedio de esa tecnología moderna que se llama correo electrónico: constitucionalrobles@yahoo.es; en los cuales leo palabras de estímulo y aliento. O la cantidad de visitas a mi página web: constitucionalrobles.com . En esta página web hago conocer a al lector mis últimos artículos publicados en un diario de circulación nacional.

Aquí estoy para comentar, explicar, analizar o difundir algunas inquietudes, ideas y propuestas en torno a los problemas del país, y lógicamente, sobre los gravitantes problemas de nuestra joven región de Lima Provincias.

Pero también estoy para escuchar y atender las inquietudes y quejas del ciudadano. Para eso ya tienen ustedes mi correo electrónico. Y con mucho gusto podremos conversar, dialogar e intermediar construyendo ciudadanía y gobernabilidad.

En este programa no agredimos a nadie con improperios. El debate siempre será en torno a ideas, argumentos y propuestas. Es posible que haya quienes se sientan incómodos con nuestras críticas. Es posible que haya quienes también quieran confrontarnos en discusiones estériles. Es posible que al mencionar sólo nuestro nombre consideren que nuestras ideas son parciales y sesgadas.

Yo me permito decirles, sin soberbia ni pose de ufano, que todo lo que yo diga, no es mandato ni encargo de nadie en particular; que nadie me alquila o financia mis argumentos. Tampoco nadie me obliga a enfrentarme o buscar pleitos sólo por que no me simpatiza o se tienen ideas contrarias. No de ninguna manera. Estoy lejos del sectarismo insulso, muy lejos del agravio ramplón y mucho más lejos de la soberbia ígnara.

Y en cuanto a que mis ideas. Les confieso que mis ideas son parciales. Mis ideas tienen un marco jurídico, un marco ético y un marco transparente. Y eso se llama responsabilidad.

Y me explico: El marco jurídico que me encuadra es la Constitución, son los derechos fundamentales, los derechos humanos, la justicia, el principio de igualdad, las libertades y los derechos del hombre. Creo es apremiante construir en mi país un Estado social y democrático de derecho. Y yo apuesto por la reforma del Estado peruano, cuya presencia política y jurídica es todavía precaria, ausente y pusilánime. El actual Estado no regula ni pone orden. Casi no existe. Por eso la pobreza y la extrema pobreza, el analfabetismo, la informalidad y la reaparición de viejas enfermedades que amenazan generalizarse constituyen el desafío para una clase política eunuco que teme conciliar y arribar a consensos. Mi especialidad como abogado y como catedrático de Derecho Constitucional, por fortuna, me dan las armas intelectuales para contribuir con un grano de arena por el bien común de mi país

El marco ético que me guía son los valores contenidos en el constitucionalismo peruano y americano: la honestidad, la justicia, el bien común, una vocación de servicio permanente sin pedir nada a cambio.

Yen el marco de la transparencia, aquí no hay nada que ocultar, no hay nada secreto. La transparencia es necesaria sobre todo cuando se ocupa un cargo público o se realiza una labor pública como es el periodismo. Esa transparencia la vamos a exigir a la autoridad, sea quien fuere. Les guste o no les guste. Desde ya les notifico. Al gobierno regional o local, al poder judicial, a los registros públicos, a la sunat, a las entidades públicas, les digo que revisaremos sus páginas web donde deben informar a la ciudadanía, los contratos, los proyectos de las obras, los sueldos y los viáticos, el cumplimiento de sus deberes de acuerdo con su ley orgánica o ley que los regula, porque es necesario fiscalizar y evaluar la gestión pública. Es nuestro deber.

Aquí habremos de opinar sobre todo aquello que concierne a la cosa pública. No habremos de rehuir al debate. Siempre hemos dado la cara, aun cuando nos hayamos equivocado. Y por supuesto muchas veces me he equivocado, pero nunca nos hemos equivocado alquilando nuestra conciencia al mejor postor.

En suma, yo tengo un compromiso con el pueblo: por algo este programa se llama Construyendo CIUDADANÍA, creemos que todos tenemos derechos a ser tratados como personas, como ciudadanos, y que no es nada raro que el ciudadano que trabaja, tributa, tiene derechos constitucionales como el derecho al empleo, a la educación, a la salud, al recreo, al bienestar, o como decía Thomás Jeffersson, el derecho a la felicidad.

Por eso y para eso, ustedes, serán mi mejor ayuda. Escríbanme. Háganme llegar sus ideas, sus problemas, sus protestas, que desde aquí habremos de ponerle ganas en la solución de los problemas por más difíciles que estos sean.

Mis saludos a mis amigos de Huacho, de Santa María, de Hualmay, de Sayán, de Medio Mundo, de Végueta, de Huaura. Aquí estamos para lanzar algunas ideas. Mi correo es: constitucionalrobles@yahoo.es

Inicialmente el derecho a la libertad de expresión comprendía la libertad de hablar, escribir o imprimir libremente, sin perjuicio de responder por el abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley. Esta noción ha evolucionado en su naturaleza jurídica y valor estratégico.

Hoy en día de acuerdo con la CIDH, la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social: 1°. No se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento al mayor número de destinatarios. Así, pues, la expresión, la difusión del pensamiento y de información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. 2° Se le reconoce como un medio para el intercambio de ideas e informaciones, comunicar su opinión y de la información de que disponen, como el derecho de difundir la propia.

La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el inc. 4 del art. 2° de la Constitución vigente, cuyo texto es copia fiel de la Constitución de 1979. Es un instrumento jurídico que comprende el derecho a la información, pero de naturaleza jurídica y alcance diferentes. Así, mientras que la libertad de expresión garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que las personas puedan emitir, la libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos. La libertad de expresión es de naturaleza subjetiva, y por lo tanto, no puede ser sometida a un test de veracidad a diferencia de los que acontece con los hechos noticiosos que, por su misma naturaleza de datos objetivos y contrastables, deben ser veraces. La libertad de información garantiza un complejo haz de libertades que, conforme al art. 13° de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, exigiéndosele que los datos o hechos sean veraces. (Exp. N° 0905-2001-AA/TC, fundamentos N° 9-10).

El Tribunal Constitucional peruano conceptúa que tanto el derecho a la libertad de expresión y de información se derivan del principio de la dignidad de la persona y son un complemento inescindible del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Y es en esa línea en que el TC ha marcado un deslinde de la tesis de la posición preferente de las libertades reconocidas por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana cuando han colisionado derechos fundamentales como el derecho a la libre expresión e información y el derecho a la intimidad.

En efecto, este es un viejo problema que se plantea cuando el ejercicio de las libertades informativas supuestamente invaden otros derechos constitucionales, como el derecho a la intimidad de personajes de relevancia pública. El TC ha resuelto teniendo como eje central el principio de la dignidad que corresponde al ser racional y autónoma del ser humano, y que contribuye a la formación de la opinión pública

Cierto que el derecho a la intimidad supone el derecho que tiene la persona de mantener en privacidad y reserva fuera de la injerencia, interferencia o del conocimiento público, una esfera de su vida. Se le afecta con la sola intrusión y divulgación de hechos que la perturban y que se producen sin el consentimiento del titular. La Constitución de 1993 lo reconoce en el inc. 7 del art. 2°. Y si este derecho es violentado por un funcionario público actuando en el ejercicio del cargo, entonces es gravemente penado de acuerdo con el art. 155° del C.P.

Sin embargo, el derecho a la información frente al derecho de la intimidad tiene relevancia jurídica cuando se trata del interés público, la condición de personaje público de la persona ofendida, el tipo de libertad ejercida, aun cuando no cuente con el permiso del titular, y sin que necesariamente los hechos que se informan sean veraces. En este caso los operadores del derecho ponderarán esos criterios, es decir, pesarán, o sopesarán los derechos en aparente colisión en el marco del principio de la proporcionalidad.

El juicio político es un procedimiento de control y de contenido eminentemente político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la República, en el que éste tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas. Su finalidad es someter ante el Congreso a los más altos funcionarios señalados en el art. 99 de la Constitución , a quienes se les imputa de responsabilidad penal o constitucional derivada de los actos propios del ejercicio del cargo, para que el órgano determine si existe mérito para la acusación e imponga, de ser aprobada, la sanción de destitución del cargo y la inhabilitación, que puede ser hasta por diez años o definitiva, para el ejercicio de toda función pública o cargo de elección popular. La aprobación de la sanción requiere del voto favorable de por lo menos 2/3 del número de congresistas, sin participación de la Comisión Permanente.

Esta institución jurídica coexiste con el antejuicio, en el art. 99° y el art. 100° de la Constitución del 1993. Es el Tribunal Constitucional el que en una interpretación extensiva, encuentra diferencias entre el juicio y antejuicio político. El primero, no es un juicio penal sino político, pues el Congreso no juzga un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno inconveniente para el Estado. En lo segundo, caben las acusaciones por supuestas responsabilidades penales (y no políticas) que ameritan ponerlo a disposición del poder jurisdiccional.

El juicio como el antejuicio político alcanzan a los más altos funcionarios del Estado como el Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, magistrados del Tribual constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República.

En nuestra doctrina constitucional es el antejuicio la institución que ha prevalecido en casi todas las constituciones peruanas, con excepción de las Cartas de 1826 y 1867. Este modelo se altera con la Constitución de 1993, introduciendo en el procedimiento de acusación constitucional elementos reconocidos en el “impeachment” o juicio político. Ahora el Congreso tiene la facultad de aplicar sanciones de destitución e inhabilitación política del funcionario acusado por la comisión de una infracción de la Constitución, que puede tener contenido penal, al margen de lo que resuelva el poder judicial. Las decisiones del Congreso de carácter político que respetan los derechos fundamentales no son revisables en sede judicial a diferencia de aquellas que tienen un contenido penal, de acuerdo con el Art. 100° de la Constitución vigente.

Lo cierto es que el Congreso ha asumido posturas jurisdiccionales al sancionar con la destitución o inhabilitación al funcionario no sólo por faltas políticas sino también por actos delictivos que corresponden ser investigadas y valoradas por el Ministerio Público y procesadas por el poder judicial, de acuerdo con el principio de la separación de poderes y las garantías penales procesales. Sin embargo, este Congreso erróneamente juzga y sentencia a priori.

Por último, es necesario que el juicio político tenga su propio desarrollo constitucional mediante una ley que precise las infracciones constitucionales susceptibles de juicio político y las sanciones correspondientes.