Derecho constitucional del Perú

Desde hace un buen tiempo en el Perú se habla de reformas. Políticos y la sociedad civil de todas las vertientes están de acuerdo que es urgente y necesaria hacer la reforma del Estado. Y para eso, un 22 de julio de 2002, los representantes de los partidos políticos, la iglesia, dirigentes de los gremios sindicales, entre otras organizaciones de la sociedad civil, se pusieron de acuerdo después de un largo debate y firmaron lo que se denominó el ACUERDO NACIONAL consignando 31 políticas de Estado y de gobernabilidad, en materia de reforma del Estado, como de salud, educación, medio ambiente, agropecuario, seguridad nacional, etc. que deberían orientar a los gobernantes del Perú hasta el año 2021, fecha en que se habrá de conmemorar el Segundo Centenario de nuestra Independencia.

Hoy, junio de 2009, hemos comprobado que ese Acuerdo Nacional nació muerto. Sus propios actores lo han desconocido. Es decir, no solo las instituciones que lo suscribieron, sino una gran parte de la ciudadanía como las comunidades nativas del oriente peruano y la población campesina y urbana de Cerro de Pasco, Andahuaylas y del Cusco, que han salido a tomar la ciudad, carreteras, aeropuertos, con el aliento abierto de reconocidos sectores de la variopinta ultraizquierda roja, derrotada en las elecciones del 2006, y sin norte político en la escena nacional, que ve ahora la oportunidad de quebrantar el orden jurídico, desestabilizar el sistema, y subirse a la ola de la protesta, y arribar al puerto del poder.

Sin duda, gran parte de las peticiones que motivan la protesta, son justas. Pero la desconfianza es histórica ante tantas promesas incumplidas por diferentes gobiernos que hicieron de la palabra instrumento de mentira y demagogia. Un gobierno renovador como el de Alan García necesitó tener en cuenta estos elementos para asegurar su gestión de modernización. Ahora, ante la trágica realidad, por supuesto que son muchos los que tienen que asumir su responsabilidad: quienes por no haber resuelto a tiempo los problemas o no contribuir a resolverlos, y quienes, por extremar sus peticiones agrediendo los derechos que tienen los demás ciudadanos de transitar libremente o que se le respete sus bienes particulares.

El llamado Acuerdo Nacional hoy es letra muerta. Sólo sirvió para la foto. Ni siquiera fue útil como pacto de no agresión, que tal parece fue el verdadera motivo para arribar a lo que llamaron pomposamente Acuerdo Nacional. Hoy ante los hechos, debemos convenir que sus propios autores la han quebrantado al no llevar a cabo esos acuerdos. Ha faltado previsión, decisión, resolución, coraje para concretar aquellos brillantes acuerdos con los cuales el Estado peruano ingresaría a una etapa de modernidad, es decir, de inclusión ciudadana con todos los derechos de bienestar a los cuales aspira el hombre peruano.

La noticia del día es que el gobierno ha conciliado con los representantes de los pueblos amazónicos, comprometiéndose a derogar los DL y abandonar los actos de fuerza por ambas partes. Hay quienes llaman a esto “marcha atrás” o abandono de toda autoridad. Titulares de algunos diarios consideran que este acto es humillante para el gobierno. Lo cierto es que quienes ven abandonadas sus expectativas de subversión y de caos una vez más se hunden en la frustración. Los halcones y los buitres de la política no encontraran la pilada de cadáveres sobre los cuales encebarse. Ellos, el extremo izquierdoso que busca la subversión a toda costa para llegar al poder, y el extremo derechoso, que busca imponer a sangre y fuego sus políticas.

Esto me hace recordar a Jorge Basadre cuando describe a nuestra clase política. El insigne historiador ve tres grandes enemigos de la promesa de la vida peruana: Los podridos, los Congelados y los Incendiarios. Los podridos que prostituyen las palabras, los conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus intereses y apasionamientos. Los Congelados, encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los Incendiarios se queman sin iluminar, se agitan sin construir. Los Podridos han hecho todo lo posible para que este país sea una charca. Los Congelados lo ven como un páramo. Y los Incendiarios quisieran prender explosivos y verter veneno para que surja una gigantesca fogata. El Perú no puede ser ni charca, ni páramo ni una gigantesca fogata.

Ciertamente, la protesta, la cólera y el dolor del pueblo amazónico debe motivar una profunda y serena reflexión, no sólo para la clase política sino para todos los sectores ciudadanos del país: empresarios, campesinos, intelectuales, obreros, y trabajadores en general. Caso contrario, nos puede consumir el odio y la confrontación con resultados impredecibles de atraso y anarquía. Y las conclusiones pueden ser las siguientes:

1. Las políticas de Estado y de gobierno deben ser inclusivas. Es decir, las políticas públicas que diseña el gobernante deben promover la participación efectiva de los involucrados. Esa participación debe ser real concretándose a través de consultas, diálogo permanente y compromiso responsable en la materialización de los acuerdos los mismos que se muestren en leyes y políticas de desarrollo y de biencomún.

2. Promover la construcción de una ciudadanía activa. El concepto de ciudadanía implica reconocer que todos somos iguales ante la ley, con derechos que reclamar y deberes que cumplir en el hecho de que somos parte de la sociedad y del Estado. Reconocer que en el “otro” hay algo en común que nos une y nos debe integrar Ciudadanía significa igualdad social, jurídica y humana. La construcción de esa ciudadanía requiere políticas que deben promover la oportunidad a todos la ciudadanía de acceder a niveles decorosos de educación, salud, vivienda. Por ejemplo, el sistema educativo peruano siempre ha sido fuente de discriminación que se puede resumir en la irracionalidad de quien tiene plata puede educarse en mejores colegios y en mejores universidades; quien no tiene dinero está condenado a un destino de mediocridad, consecuentemente de una ciudadanía de segunda y tercera clase. Entonces la política educativa del Estado es excluyente porque cuando se le asigna sólo el 6% del Presupuesto se está promoviendo el atraso cultural, la cerrazón mental y escasez de valores civiles.

Creo que ningún peruano sensato puede sentirse alegre de la tragedia acontecida en el Oriente peruano: la cantidad de muertos y heridos, civiles y policías; la destrucción de locales pertenecientes a instituciones privadas y del Estado, como el Juzgado, el Gobierno Regional y local, las comisarías, el PRONAA, etc. son una muestra de la protesta de un pueblo que desconfía y rechaza a sus autoridades en las políticas públicas que se planeó llevar a cabo para el desarrollo regional de la amazonía.

En política hay un viejo dicho que dice: “en política no hay sorpresas, sólo hay sorprendidos”. En efecto, el conflicto desencadenado en el pueblo oriental, se veía venir desde hace un año. Y el Ejecutivo fue alertado por voces serias de la disconformidad de las comunidades nativas, pero no se adoptaron medidas razonables que desmontaran aquellos preparativos violentistas que alentaban abiertamente sectores radicalizados.

La extrema pobreza, el analfabetismo, la precaria salud y el desempleo expresados en grado sumo en la selva peruana, cuyos autores de esta expoliación han sido y son las poderosas empresas transnacionales aliados con gobiernos entreguistas, que Haya de la Torre, el lúcido revolucionario indoaméricano denunció oportunamente en su “Antiimperialismo y el APRA”. La impune depredación de la riqueza que contiene sus tierras arrebatadas históricamente sin recibir nada a cambio, son los viejos problemas que el gobierno del Presidente García ha encontrado, y son ahora el caldo de cultivo para cualquier político demagogo e incendiario que en su ascenso al poder le importa poco el cerro de cadáveres sobre los cuales tendría que tramontar.

El resultado luctuoso de muertos debe ser una herida en el corazón del Perú. Es el triunfo pírrico de los halcones y buitres que suelen alimentarse y cebarse de cadáveres. Los extremos angurrientos quieren más muertos, lo acaecido es poco, se quiere más sangre, más viudas, más hijos sin padres, más llanto. La tolerancia, la sensatez y el diálogo han perdido una eventual batalla. Y veo que aún se alienta la rebelión. Por allí se está acordando una huelga indefinida. Y por allí se espera agazapado para tomar los caminos y los puentes como paso previo para agudizar las contradicciones y acceder violentamente al poder. Los incapaces en convencer al pueblo para que éste les otorgue su voto democrático, sonríen complacientes en la creencia que llegó la hora de capturar el poder para imponer un vetusto modelo de política que en otras latitudes ha fracasado.

La pregunta obligada es qué hacer frente a esta situación de presunta confusión. Yo creo que es hora de que se reanude el diálogo. Que se sienten en una mesa los actores y discutan sus puntos de vista. Pero para dialogar hay que tener voluntad de hacerlo, y hay que estar dispuesto a aceptar errores, de un lado como del otro. Todo en la experiencia humana es perfectible, siempre se puede mejorar. La perfección absoluta no existe. Por lo pronto, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico, han manifestado su deseo de contribuir a este diálogo. Entre hombres sensatos y razonables puede hacerse la luz. No creo que las tinieblas del odio cainita nos ganen la buena voluntad.

Por lo pronto la decisión de los comuneros nativo de acudir al Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, para que resuelve el pedido de declarar la inconstitucionalidad de los D. Leg. es una salida acertada. Así, se sabrá a ciencia cierta si estas normas violan la Constitución o la respetan. Nuestros magistrados, expertos en Derecho Constitucional tienen la palabra autorizada para decirle al país si los decretos legislativos promulgados por el gobierno, son o no, constitucionales. Y a partir de ahí, se puede ver que es lo que se puede derogar, rectificar o mejorar. Esta será la mejor referencia jurídica para aclarar confusiones y enrumbar conductas.

No olvidemos que en el fondo de este escenario político la pregunta es cómo salir del subdesarrollo regional, cómo aprovechar la enorme riqueza que contienen las entrañas de la selva amazonense; cómo el Estado peruano puede explotar eficientemente su flora, su fauna, sus recursos energéticos Por que sin duda, el Perú necesita petróleo, gas, minerales y maderas para incrementar los niveles de exportación y consumo interno, generar recursos para que sean invertidos en proyectos de desarrollo de la selva, de la sierra y de la costa. De modo que creo que en el propósito de contenido estamos de acuerdo, los yerros han sido en la forma. Entonces, ampliemos la presencia y voz de los actores. No olvidemos que el Estado somos todos: pueblo, gobierno, territorio y soberanía. El pueblo de los comuneros nativos tiene mucho que decir. Y el gobierno tendrá la oportunidad de explicar en detalle cómo se van a llevar a cabo las políticas de Estado ¿ Acaso, no cree usted amigo que me escucha, que debatiendo ideas sobre el tapete, algo satisfactorio puede darse? Yo creo que sí. Entonces, bajemos los decibeles de la grita y pongámonos a dialogar en los mejores términos.