Derecho constitucional del Perú

Es cierto que al lado de los poderes ejecutivo y judicial, el Parlamento o Poder Legislativo es uno de los tres más importantes poderes de Estado. Es la institución que sustenta la existencia de un Estado democrático, consecuentemente, su inexistencia define un Estado totalitario o de dictadura.

Reconociendo su cardinal significado, algunos autócratas exhiben su presencia para alardear la voluntad democrática de su régimen ante la opinión pública internacional, cuando es evidente su funcionamiento genuflexo y anodino.

En el Poder Legislativo se aprueban las leyes, se fiscaliza a la autoridad o se intermedia en la solución de problemas sociales. Stuar Mill decía que un Parlamento es “el Congreso de todas las opiniones de la Nación”, reconociéndolo como el más auténtico y valedero depositario de la soberanía popular.

En las sociedades democráticas el Poder Legislativo reside en el Congreso, Asamblea Nacional o Parlamento. Es el espacio donde las discrepancias de las diferentes vertientes partidarias políticas se toleran, aceptan y se superan dándole la formalidad de ley. Sin embargo, los reclamos y pedidos muchas veces no satisfechas van erosionando su legitimidad. Casi nunca tiene la simpatía ciudadana, máxime si sus “honorables” integrantes figuretean mediáticamente.

Es en este contexto que para preservar o recuperar legitimidad, los gobiernos adoptan mecanismos que lo oxigenan y le renuevan vida como la renovación por tercios o por mitad del total de sus miembros. Sólo por poner algunos ejemplos, el Congreso de Nación de Argentina, que es bicameral, se renueva por mitades; el Senado Federal de Brasil se renueva por tercio; el Senado de la República de Chile se renueva por mitad.

Estimo que para el caso peruano, donde tenemos un Congreso unicameral, que cada día pierde legitimidad, es criticado sin piedad y sus miembros tienen una imagen deteriorada, muy a pesar de algunos que sí son trabajadores y eficientes, mientras que la generalidad clamorosamente carece de cultura democrática, de valores cívicos, y que han asumido su papel de congresistas como si fueran imponentes gamonales de hacienda, cual matarifes de la ética o mermeleros de los grupos de poder; este tipo de depredador, que en el Perú recibe el remoquete de “otorongo” convierte al Congreso en una entidad que la ciudadanía lo percibe como superfluo e inservible. Aquí se hace necesario su revaloración, y esta puede ser la renovación por tercios, cada dos años y medio, pero que al mismo tiempo implique una definitoria revocatoria que sancione o castigue con la no ratificación de su curul. Entonces, esa renovación podrá funcionar como un mecanismo de control y de fiscalización respecto de la eficiencia del congresista. De esta manera el congresista inútil no será ratificado dando paso a un nuevo congresista que sabe que sobre su conducta hay miles de ojos de ciudadanos que lo vigilan y luego, en su momento, habrán de juzgarlo.

En suma, en principio estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo para renovar el Congreso, pero con dos observaciones fundamentales: la primera, que esta renovación debe ser del tercio y no por mitades; y en segundo lugar, que la propuesta tenga alcance revocatorio. En suma, hay que saludar esta importante propuesta, pero hay que perfeccionarla y precisarla. Y para eso, se debe dar su pronto debate porque el país requiere un Parlamento accesible, con más contacto directo entre los representantes y los ciudadanos, con más participación ciudadana en los procesos legislativos, más transparente en la difusión de sus actividades. Es decir, un Parlamento más eficaz, dinámico y ético.