Derecho constitucional del Perú

A propósito del golpe de Estado en la República de Honduras, donde los militares con la aprobación del Congreso de la República, el Poder Judicial de ese país de América Central, se ha puesto en el tapete del debate de la opinión pública en América Latina sobre el hecho político que conocemos como “golpe de Estado”.

En primer lugar qué es un golpe de Estado. Veamos, el Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Julio Casares de la Real Academia Española. Editorial Gustavo Gile. Barcelona, 1985) nos dice que es una “Medida grave y violenta de uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro”.

El Diccionario de Uso Español (de María Moliner, A.G., Editorial Gredos S,A., Madrid, 1997), nos dice que el Golpe de Estado es una “Acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un país, algunos de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejercito”

El Diccionario Anaya de la Lengua dice que es “Usurpación del poder por parte de un grupo”.

El Diccionario de la Real Academia Española, preceptúa que el golpe de Estado es una “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”.

El constitucionalista argentino Bidart Campos en su Lecciones Elementales de Política (p. 451, Editorial Grigley, Lima, 2002) sostiene que “El golpe de Estado se detiene y localiza en un mero cambio del elenco gobernante; es también violento, pero no cambia al régimen en sí mismo, sino destituye a los titulares del poder y los reemplaza por otros”.

Lo cierto es que el golpe de Estado o gobierno de facto, es la captura del poder político de una manera ilegal, violenta y repentina por parte de un grupo de poder, quebrantando la legalidad institucional y la legitimidad de la voluntad popular El golpe de Estado siempre es realizado por un grupo minoritario organizado, con un objetivo, provocado intencionalmente, sustituyendo autoridades o generando un cambio del régimen político, suspendiéndose las garantías constitucionales y poniendo a su servicio los demás poderes del Estado y los medios de comunicación.

El golpe de Estado que ha derrocado a Manuel Zelaya ha sido condenada por casi todos los países de América Latina. La Organización de los Estado Americanos (OEA), ha acordado aplicarle el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana sancionando al país centroamericano con la suspensión. Lo negativo es que la OEA ha perdido credibilidad, pues históricamente siempre han convalidado los golpes de Estado

Creo que la posición principista de todo ciudadano democrático y todo grupo político que se precie de democrático es el de condenar todo golpe de Estado, aún cuando estamos informados que Manuel Zelaya, pretendiendo seguir la ruta política del presidente venezolano Chávez, tenía la ambición de instaurar un régimen de gobierno autócrata, vía un referéndum y una asamblea constituyente, que le conceda poderes para gobernar monocráticamente, poniendo a su servicio el Congreso, el Poder Judicial, y por supuesto, los medios de comunicación, los cuales se dediquen solo a lanzar aleluyas a todas sus acciones.

El sábado 27 de junio se publicó en el diario oficial de “El Peruano” la R.S. que crea la “MESA DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS DE EXTREMA POBREZA” para atender las demandas de las comunidades campesinas de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, y elaborar un Plan de Desarrollo Integral para estas zonas. Esta Mesa se instalará el 31 de junio, y estará constituida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, otros dos de los ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Energía y Minas y de Transporte y Comunicaciones. También estará integrado por los presidentes de los tres gobiernos regionales aludidos, seis alcaldes, uno provincial, y otro distrital por cada uno de los departamentos, más nueve representantes de las comunidades campesinas.

En principio me parece correcto la constitución de este espacio de diálogo donde se habrán de ventilar las diferentes y variables demandas de las comunidades campesinas de las regiones de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica. Es cierto que de alguna manera esa R.S. recoge nuestra propuesta formulada a través de Radio Latina el 23 de junio, pero sólo en parte. Nosotros hemos planteado que esa MESA que yo llamó MESA DE DIÁLOGO NACIONAL debe tener atribuciones de alcance nacional, porque los problemas no sólo son de las tres regiones mencionadas sino de gran parte de las regiones del Perú, entre las cuales deben estar incluidas, por ejemplo Puno, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, Ancash y Lima Provincias. Ésta última por la extrema pobreza de sus provincias serranas como Cajatambo, Oyón, Canta, Huarochirí, las quebradas y serranías de Huaura, Huaral y Cañete. Además, por razones estratégicas de interés y seguridad nacional nacional. Me refiero a sus carreteras de penetración que van de la costa, cruza la sierra andina y llega al oriente peruano, como alternativa a la carretera central. Considero además, que Lima Provincias, como despensa y proveedora del mercado limeño debe ser el “anillo de oro”, es decir, la zona de riqueza y de la abundancia que rodee a la capital limeña, asegurando su provisión de alimentos y energía. No olvidemos que la energía eléctrica que alumbra las calles y los hogares limeños tienen su origen en las zonas altas de Canta y Huarochirí.

Entonces, el gobierno tiene que tener no solo soluciones que tengan como fuente de origen la propia población involucrada, sino una visión estratégicamente global, que integre a los pueblos y sientan que participan en la solución de los mismos. De modo que estimo que el mejor espacio puede ser esta MESA DE DIÁLOGO NACIONAL, que no sería una institución paralela al Congreso, sino que le va a dar legitimidad a los proyecto de ley, donde incluso los propios congresistas serían protagonistas en el quehacer de la ley.