Derecho constitucional del Perú

Hasta el 5 de abril de 1992, la ciudadanía de la región de Lima provincias ejerció el derecho fundamental del sufragio y a participar en la vida política eligiendo a 9 diputados en representación de más de 500 mil electores que poblaban las provincias de Barranca, Canta, Cajatambo, Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí, Oyón y Yauyos, de acuerdo con la Constitución de 1979. El malhadado golpe de Estado de Fujimori canceló arbitraria y abusivamente estos legítimos derechos, discriminación que injustamente se conserva para beneficio de algunos avivatos de nuestra política criolla que no dudan en aprovecharse de esta violación a los derechos humanos para calcular que por esa región pueden satisfacer sus oportunistas apetitos electorales.

Hoy en día se mantiene esta inicua discriminación que perjudica aproximadamente a 700 mil electores que carecen de representantes en uno de los más importantes poderes del Estado: El Congreso de la República. Eso explica el silencio sepulcral respecto a los múltiples problemas que afectan a esta región: subempleo y desempleo, altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil, extrema pobreza, analfabetismo, pesquero y portuario, minero y medio ambiente, agrario, financiero, industrial, etc. No hay quien solicite o demande solución a sus dramáticos problemas. Una rápida revisión del Diario de Debates del Congreso de la República desde 1995 a la fecha, no aparece Lima provincias. Simplemente no existe en el mapa político peruano.

El Art. 90° de la Constitución de 1993 que crea la Cámara Unica y toda su parafernalia normativa del Distrito Electoral Unico, eliminó el derecho a la representación política de la entonces jurisdicción electoral de Lima provincias. Las modificatorias a la Constitución de 1993, y la nueva ley electoral que formula el Sistema Electoral Múltiple, no corrigen esta injusticia, no obstante que le reconoce a cada departamento su derecho a elegir, pero a Lima provincias no la toma en cuenta al considerar a Lima como un todo, privilegiándola con un mayor número de representantes capitalinos. Y dicho sea de paso, para satisfacción de un clientelaje electorero y su manejo concentrador y centralista de cierta clase política limeñizada hasta los tuétanos.

Sin duda, la descentralización es un largo y sacrificado proceso que requiere de un diagnóstico objetivo de la realidad social, políticas públicas integradoras y armónicas, diálogo intenso que conjugue propuestas, buena voluntad y firmeza de decisión de sus actores. La teleología de la descentralización no es sino la equidad ciudadana de derechos y obligaciones. Pero con las nueve provincias que distan a sólo una hora de Lima metropolitana, hay una simulada ignorancia, es decir, una sistemática postergación que linda con la mezquindad y las calculadas ambiciones de algunas cúpulas políticas que ven en esta feraz región el refugio de sus fracasos electoreros por una curul o la presidencia de la región, prebenda en plato de plata para el amigote, el compadre o al dadivoso inversor.

Urgentemente hay que resolver la incongruencia ominosa entre la existencia de un gobierno regional sin representación política en el Congreso de la República. Las nueve provincias que rodean a Lima capital tienen derecho a una auténtica y legítima representación política que no sólo sea depositaria de la voluntad del pueblo regional sino que ejerza plenamente las atribuciones legislativas, fiscalizadoras y de intermediación política, que las normas constitucionales le otorgan, tal como otras regiones eligen soberanamente a sus genuinos representantes. Creo que la agenda política que elabora la Coordinadora Regional y la Comisión Nacional de Descentralización deben promover el debate sobre este tema, con la participación del gobierno regional, alcaldes, partidos políticos, gremios sindicales, colegios profesionales e instituciones sociales, en la búsqueda de un consenso que se traduzca en una propuesta de ley para su aprobación en el Congreso de la República.

A este respecto, justo es decir, que el Presidente de la República, anunció la presentación de un proyecto de ley creando el Distrito Electoral de Lima Provincias. Igualmente, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, a mediados del 2007, en un foro huaúochirano realizado en el Congreso de la República, explicó la preocupación del Gobierno central para resolver esta injusta discriminación, así como algunos congresistas han presentado sendos proyectos de ley que modifica ál Artículo 21° de la Ley N° 26858, Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, ¿qué esperamos ?

Restituyamos los derechos cívicos y morales a los pueblos de Lima provincias reconociéndoles su capacidad para elegir una genuina y legítima representación y participaciáoacute;n en la vida del Estado, y consecuentemente, se habrá dado un contundente golpe a la ñimeñización áe la política, cuyas variables ideológicas y fáctiúas se escurren en supuestas políticas públicas que fracasan por excluyentes y concentradoras.