Soy Walter Mauricio Robles Rosales, abogado peruano, Profesor Principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNFV, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en pre grado y en las mestrías y doctorado.
Director de la Escuela Profesional de Derecho de la UNFV desde enero del 2011 hasta la actualidad. En este Blog, usted podrá encontrar artículos, ensayos y trabajos de investigación sobre Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Ciencia Política, Conciliación, entre otros. Mediante esta página web pongo a disposición de todas las personas mis trabajos, asi como los comentarios de análisis político que realizo a través de diferentes medios de comunicación y eventos académicos que se llevan a cabo en mi país.
martes, 23 de junio de 2009

PostHeaderIcon Reforma urgente del Acuerdo nacional

Desde hace un buen tiempo en el Perú se habla de reformas. Políticos y la sociedad civil de todas las vertientes están de acuerdo que es urgente y necesaria hacer la reforma del Estado. Y para eso, un 22 de julio de 2002, los representantes de los partidos políticos, la iglesia, dirigentes de los gremios sindicales, entre otras organizaciones de la sociedad civil, se pusieron de acuerdo después de un largo debate y firmaron lo que se denominó el ACUERDO NACIONAL consignando 31 políticas de Estado y de gobernabilidad, en materia de reforma del Estado, como de salud, educación, medio ambiente, agropecuario, seguridad nacional, etc. que deberían orientar a los gobernantes del Perú hasta el año 2021, fecha en que se habrá de conmemorar el Segundo Centenario de nuestra Independencia.

Hoy, junio de 2009, hemos comprobado que ese Acuerdo Nacional nació muerto. Sus propios actores lo han desconocido. Es decir, no solo las instituciones que lo suscribieron, sino una gran parte de la ciudadanía como las comunidades nativas del oriente peruano y la población campesina y urbana de Cerro de Pasco, Andahuaylas y del Cusco, que han salido a tomar la ciudad, carreteras, aeropuertos, con el aliento abierto de reconocidos sectores de la variopinta ultraizquierda roja, derrotada en las elecciones del 2006, y sin norte político en la escena nacional, que ve ahora la oportunidad de quebrantar el orden jurídico, desestabilizar el sistema, y subirse a la ola de la protesta, y arribar al puerto del poder.

Sin duda, gran parte de las peticiones que motivan la protesta, son justas. Pero la desconfianza es histórica ante tantas promesas incumplidas por diferentes gobiernos que hicieron de la palabra instrumento de mentira y demagogia. Un gobierno renovador como el de Alan García necesitó tener en cuenta estos elementos para asegurar su gestión de modernización. Ahora, ante la trágica realidad, por supuesto que son muchos los que tienen que asumir su responsabilidad: quienes por no haber resuelto a tiempo los problemas o no contribuir a resolverlos, y quienes, por extremar sus peticiones agrediendo los derechos que tienen los demás ciudadanos de transitar libremente o que se le respete sus bienes particulares.

El llamado Acuerdo Nacional hoy es letra muerta. Sólo sirvió para la foto. Ni siquiera fue útil como pacto de no agresión, que tal parece fue el verdadera motivo para arribar a lo que llamaron pomposamente Acuerdo Nacional. Hoy ante los hechos, debemos convenir que sus propios autores la han quebrantado al no llevar a cabo esos acuerdos. Ha faltado previsión, decisión, resolución, coraje para concretar aquellos brillantes acuerdos con los cuales el Estado peruano ingresaría a una etapa de modernidad, es decir, de inclusión ciudadana con todos los derechos de bienestar a los cuales aspira el hombre peruano.



Pero además, ha fracasado ese Acuerdo Nacional por que es sólo el acuerdo del Perú oficial más no del Perú informal. Quienes suscribieron el Acuerdo Nacional son aquellos que representan a supuestas instituciones sólidas y reconocidas por las leyes, llámense partidos políticos, gremios sindicales, etc. Esas instituciones son precarias y débiles, incapaces de encauzar los problemas de los pueblos y resolverlos. Cierto es que en ese Acuerdo Nacional no estuvieron todas las instituciones del país: ni los Apus ni los representantes de las comunidades campesinas que amenazan hoy desbordar el Perú formal.

Entonces ese Acuerdo Nacional no ha servido para nada. Me permito proponer que esas Mesas de Diálogo regional o local que son más eficientes para atender los reclamos de los pueblos, se conviertan en una gran Mesa de Diálogo Nacional donde estén presente con voz y con voto todos los sectores del país, y se debata y negocie los intereses prioritarios de cada una de las regiones. Ningún proyecto de ley presentado al Congreso de la República, tendría la calidad de tal si no cumple con el requisito básico de ser aprobado previamente por los involucrados en la propuesta. He aquí una proposición que formulo a través de esta radioemisora regional. Gracias.

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